La pandemia del COVID 19 trajo desafíos y oportunidades. Para el sector hotelero mundial supuso un desafío pues significo el cierre temporal de hoteles pero sin fecha de apertura, con la consabida carga laboral, financiera e impositiva.
Para el turismo residencial constituyo una oportunidad. Si bien afectado al inicio de la pandemia, una vez el gobierno comenzó a flexibilizar las medidas, fue notorio la necesidad humana de esparcimiento y redescubrimos la majestad de la naturaleza y las ventajas de las viviendas unipiso.
A esto se sumó el éxito de la plataforma Airbnb, que ha permitido que “se democratice el negocio turístico residencial y que se lancen nuevos emprendedores”.
La Organización Mundial de Turismo(“OMT”) considera que, la rápida expansión de las plataformas de alquiler a corto plazo también puede estar relacionada con los cambios sociales. Se dice que los millennials son la generación líder activa en estas plataformas debido a su familiaridad con las últimas innovaciones tecnológicas, el cambio del sistema de valores del materialismo al experiencialismo y su disposición a compartir con los demás”.
Pero no todo es color de rosa. Al incrementarse la oferta vía Airbnb los establecimientos hoteleros han visto en ella una competencia desleal y con justa razón. No solamente, no están sujetos al pago de impuestos en nuestro país, peor aún no están regulados. Lo anterior supone que el turista que llega a República Dominicana usando este modelo, no tiene mayores garantías que las que ofrece la misma plataforma digital.
Recientemente se abrió el debate sobre la fiscalidad para esta modalidad. Llamamos la atención al hecho del que el deber de las autoridades va más alla que el establecimiento del gravamen correspondiente; su deber es de preservación del buen nombre del que goza la República Dominicana en estos momentos, como receptora de inversiones y visitantes para hacer turismo en el mismo.
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (“WTTC”) plantea varias estrategias y recomendaciones en virtud de la experiencia de varios países, siendo estas:
-Registros digitales
-Recopilación de datos
-Fiscalidad inteligente
-Inversión comunitaria a largo plazo
Recientemente, el Ayuntamiento de Barcelona envió un comunicado a Airbnb donde avisa que hay un estimado de “6,000 pisos turísticos ilegales” que, de no ser dado de baja de la plataforma en un plazo de 15 días, serán objeto de un expediente sancionador de 60,000 euros.
El hacer los deberes debe involucrar no solamente a MITUR y a PRO CONSUMIDOR, también al ayuntamiento correspondiente.
La tarea es nuestra, el turismo somos todos!!!
Fuente:
Revista Puro Turismo
