El 25 de febrero de este año fue un día histórico para el sector eléctrico de la República Dominicana. Se suscribió el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, para fortalecer la transparencia, eficiencia e institucionalidad del sector energía, por medio de una renovación regulatoria y estructural del marco legal y operativo existente a la fecha, tras haber transcurrido años de intentos fallidos.
Tal como calificó nuestro Jefe de Estado, Luis Abinader el día de la firma del Pacto, los ajustes que éste supone son “necesarios ante la gravedad del sector eléctrico”. Asimismo, expresó que es necesario que el pueblo tenga conocimiento de que la industria energética dominicana es deficitaria y, que solo para atender a tal déficit, debió consignarse el año pasado 58 mil millones de pesos (en exceso de US$1,000 millones).
Al ser el subsidio insostenible en el tiempo, era y es indispensable efectuar una reestructuración del sistema, donde se planteen objetivos claros que permitan eficientizar el sector. En este sentido, se puede aseverar que la firma del Pacto definitivamente representa un suceso histórico para la industria energética, toda vez que el mismo abre las puertas para precisamente lograr dos pilares principales: i) La sostenibilidad financiera de la industria, por medio de eliminación de sobre-costos e ineficiencias; y, ii) la promoción del uso de fuentes renovables en lo que respecta la generación, transmisión y distribución de energía que, a su vez, permitirán reducir la contaminación ambiental y fomentar la innovación tecnológica para lograr tal fin.
Cabe resaltar que ya desde la promulgación de la Ley 1-12 que plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo hacia el 2030, se consigna expresamente en su Artículo 35 la necesidad de unir las fuerzas políticas, económicas y sociales para así lograr concertar una Reforma Eléctrica que permita solucionar la crisis estructural del sector. Para lograr esto establece expresamente la necesidad de llegar a un pacto que “asegure la necesaria previsibilidad en el marco regulatorio e institucional que posibilite la inversión necesaria en la energía que demanda el desarrollo nacional”.
Entre las principales líneas de acción que plantea este Pacto Eléctrico podemos mencionar el mandato de liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la eliminación de los múltiples Consejos Directivos que existen al sumar las EDES para concentrar sus funciones en un solo Consejo Directivo que rija a todas, y la implementación de auditorías a las EDES para promover la trasparencia y eficiencia del sector, entre otros. Asimismo, el pacto plantea la contratación de auditoría externa para inspeccionar la ejecución de la construcción del proyecto Punta Catalina.
Respecto a las EDES, este acuerdo incluye la posibilidad de que estas Empresas subcontraten otras empresas para las cobranzas de las facturas de sus clientes, debiendo la Superintendencia de Electricidad dictar en un plazo de 12 meses a partir de la firma del mismo, las estipulaciones aplicables que permitan implementar esta nueva posibilidad.
Asimismo, este acuerdo dispone la aplicación de un programa que establezca y logre objetivos para la reducción de las pérdidas de las redes eléctricas y de los costos operativos, establece las expectativas de recaudaciones por concepto del servicio brindado, así como dispone la aplicación de nuevas tarifas y revisiones de las mismas cada 3 meses.
Tal como expuso el Ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, en su discurso el día de la firma del Acuerdo, cabe resaltar que ya varias de las propuestas han ido aplicándose desde agosto del año 2020, es decir, previo a la firma del mismo, pudiendo manifestarse en la “creación de la Comisión de Liquidación de la CDEEE mediante el Decreto 342-20, la eliminación de dos de los tres consejos de las distribuidoras, la eliminación del consejo de la UERS, el lanzamiento de la licitación internacional para la auditoria del proceso de construcción de Punta Catalina, las auditorias financieras de las tres distribuidoras y la preparación para el lanzamiento en los próximos días de una licitación pública internacional para la contratación de energía y potencia por 800 MW junto a la construcción de una terminal gasífera en la Bahía de Manzanillo, Montecristi, entre otras acciones.”
Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas depositó ante la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo el proyecto para la modificación de las leyes que permitirán el pleno traspaso de la Comisión Nacional de Energía al Ministerio de Energía y Minas, en cumplimiento de otro de los lineamientos planteados en el Pacto Eléctrico. Este accionar tiene su fundamento en poder lograr una cohesión a nivel nacional que permita establecer regulaciones y políticas unificadas y coherentes para lograr el objetivo de fortalecer el sector eléctrico, contemplado inclusive en la Estrategia Nacional de Desarrollo de 2030.
Por último, una de las mayores garantías que tiene este pacto es la determinación de un régimen de consecuencias para las partes que no observen el mismo. Para revitalizar el sector eléctrico, el país depende de nosotros para no permitir que esta gran iniciativa se quede en papel y tinta.
No obstante, cabe resaltar que si bien esta es una pieza que traerá grandes aportes al sector, la misma no es perfecta, de hecho, entre los sectores que discutieron el Pacto Eléctrico, se presentaron 14 disensos, es decir, propuestas que no pudieron concertar durante los debates. Dichos desacuerdos versan en su mayoría sobre aspectos relacionados a la operación y administración de Punta Catalina, mientras que los demás versan sobre el pago a los usuarios por energía no servida, sobre los sistemas aislados al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, sobre aspectos de la reestructuración de la CDEEE, el uso de suelo para alumbrado público y sobre la revisión de los contratos de privatización de redes de transmisión.
Asimismo, otras de las vicisitudes que acompañaron la trayectoria de este Pacto, es el desacuerdo por parte del sector social que forma parte del Consejo Económico y Social (CES) al considerar que no fueron tomados en cuenta. Esto se tradujo en la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo en contra de la firma del mismo, sin embargo, el mismo fue declarado inadmisible al considerar como competente la vía contenciosa administrativa en lugar del amparo. No obstante, el rechazo en los tribunales del recurso, el actual Ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, reconoció en cierta forma la validez de parte de las críticas y se mostró en declaraciones del pasado marzo 03, 2021, a favor de que llame a una ronda de discusión para fortalecer el pacto y lograr mejoras efectivas en el sector.
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Por: María Mercedes Redondo
Paralegal en DMK Abogados
