De la posición de muchos sobre el tema, se deducen dos aspectos: (i) incredibilidad de los ciudadanos respecto de la explotación minera, responsable sin detrimento de los recursos naturales, y (ii) desconfianza del deber de fiscalización del Estado. Sin embargo, Loma Miranda no es un caso aislado, es necesario señalar que esta batalla entre los sectores minería y medio ambiente es un común escenario en países en vías de desarrollo con potencial minero, ¿pero, a qué se debe este comportamiento?
Para una básica comprensión de este escenario podemos remitirnos a la Ley de Murphy, la cual expone que, la posición intrínseca del ser humano ante acontecimientos futuros es de pesimismo. En este caso, el ciudadano concibe la minería como una actividad no compatible con la estabilidad de los recursos naturales, razón por la cual se inclina al rechazo de la misma.
Aún así, este “pesimismo innato” puede ser manejado con información oportuna sobre estos acontecimientos. El factor información juega un papel preponderante y esencial en este tipo de conductas del ser humano, ya que el sentir común del pueblo será de rechazo ante lo que se ha denominado como “capitalismo minero salvaje”, por lo que resulta vital que los sectores pro-minería y los incumbentes correspondientes realicen una labor titánica de información a toda la población.
Los ciudadanos ameritan tener acceso a datos de buena fuente relativos a las implicaciones de la actividad minera, y los métodos de mitigación de impactos de la misma, para así poder fijar una posición objetiva.
La otra lección, también relacionada con el elemento “información”, se basa en la decisión del ciudadano de informarse, para posteriormente empoderarse, y se resume en la siguiente frase de la reconocida abogada ambientalista de origen español, Blanca Lozano: “Sólo hay una manera de ejercer la participación ambiental, y es con conocimiento de causa”. Es imposible que el ciudadano pueda defender eficazmente los Recursos Naturales -bienes colectivos y difusos-, y en general, cualquier patrimonio, con informaciones “a medias”, o sin datos precisos respecto de sus implicaciones.
La más evidente señal de desinformación y, por ende, de un mal ejercicio del derecho de participación medioambiental, es que la atención pública respecto de las problemáticas de este sector suele focalizarse en temas que, en términos de vulnerabilidad de los recursos naturales, no suelen ser los más prioritarios, y desafortunadamente no es un lujo que podamos darnos, considerando que en materia de protección del Medio Ambiente una mala decisión, medidas no reflexivas o tomadas a destiempo pueden acarrear consecuencias irreparables.
Tomemos un minuto para reflexionar que, mientras la atención de todos estaba plenamente puesta en el Río Jagüey en Loma Miranda, silenciosamente nuestro suelo es cementerio de desechos -toneladas de desechos que se generan diariamente, y que no son gestionados apropiadamente- que contaminan el subsuelo y a su vez todas nuestras aguas subterráneas; o pensemos sobre el contrabando de carbón a la vista de todos en la frontera o el despilfarro de agua potable, cuando es evidente la gravísima sequía que nos está afectando en estos momentos, y estos son sólo algunos de tantos temas medioambientales que ameritan intervención urgente.
Por falta de este “conocimiento de causa”, nos encontramos con la figura que los sociólogos definen como “pánico moral” -la “bruja a cazar” es Falcondo, y el sector minero, dejando a un lado cualquier otra problemática medioambiental. Ciertamente la actividad minera en Loma Miranda produciría impactos y efectos a nuestros recursos naturales (como todas las actividades productivas del hombre), pero es justamente por esta razón que contamos con métodos de control, vigilancia y represión ambiental debidamente definidos.
Tal y como expone nuestro Presidente, Danilo Medina, la opción es armonizar ambos bienes constituciones (Medio Ambiente & Minería) sin sacrificar ninguno de ellos, ya que el “fundamentalismo medioambientalista” y el “capitalista minero salvaje”, pueden convivir juntos.
Recordemos también que, como signatarios de la Declaración de Río en 1992, hemos reconocido el Principio del Desarrollo Sostenible, que establece el equilibrio de los factores economía, medio ambiente y sociedad. Esto, en palabras llanas, es una suerte de mesa de tres patas que sin una de ellas, sin duda se caerá. Si nos referimos al factor social, consideremos que sólo la operación de Barrick Pueblo Viejo generó el año pasado aproximadamente 2,120 empleos directos y 11,391 indirectos, respecto del factor económico, basta con mencionar que sólo esta minera pagó RD$12,412 millones al fisco ese mismo año, con ingresos netos para Dominicana por US$815 millones, según Estudio de Impacto Económico y Social de Barrick Pueblo Viejo, realizado por la firma Analytica, por lo que no basta con enfocarse en el factor Medio Ambiente.
En definitiva, sin participación ambiental eficaz, nos resultará difícil lograr un real desarrollo sostenible. La clave es una población que se informe, empodere y ejerza un activismo sensato y sólido -partiendo de lo que es necesario y prioritario para todos-, así como dirigentes que direccionen eficientemente las decisiones que tomen en torno a la conservación, protección, restauración y uso sostenible de nuestros recursos naturales.
Con la minería, la vía no es proteger más áreas de nuestra superficie total, sino fomentar el desarrollo de estas actividades con el nivel de fiscalización requerido, persiguiendo un equilibrio social, económico y medioambiental.
No pretendamos fomentar un ambientalismo feroz en un escenario, siendo el ecocidio el protagonista en muchos otros.
