El Ministerio asumirá todas las competencias que la Ley 290 del 30 de junio de 1966 otorga al actual Ministerio de Industria y Comercio en materia de minería, energía e hidrocarburos. No obstante, las actividades de comercialización de los derivados del petróleo seguirán siendo manejados por el Ministerio de Industria y Comercio.
Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas ejercerá la tutela administrativa y la supervisión de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la Superintendencia de Electricidad (SIE) y el Servicio Geológico Nacional (SGN), así como de cualquier otra entidad estatal que sea creada y que tenga incidencia en el sector.
La creación de un Ministerio que tenga a su cargo el sector energético y el minero ha sido objeto de debate tanto en los medios de comunicación, como en los académicos y profesionales. Lo anterior, dada la importancia de dichos sectores para el desarrollo nacional y particularmente en la República Dominicana, en que se alberga la esperanza de que dicho Ministerio podrá asumir los desafíos administrativos y de diversas índoles que amerita el sector energético, que es fundamental para todas las actividades económicas del país, y sobre todo es uno de los principales insumos de la explotación minera.
Como es sabido, el desarrollo y ampliación de la minería dependen del suministro de energía disponible. A modo de ilustración de ello cabe resaltar entre los países de la región, Perú y Chile, cuentan actualmente con inversiones directas de gran importancia en el sector minería y tienen un gran potencial para futuros proyectos, siendo la industria minera en ambos países la actividad económica que más consume electricidad. Es indudable que las políticas en los sectores minero y de electricidad pueden complementarse y coadyuvar de manera conjunta al desarrollo nacional.
Se espera que el Ministerio juegue un rol fundamental al crear, implementar y armonizar políticas públicas que permitan el desarrollo sostenible de las actividades energéticas y mineras, tomando en cuenta los intereses y necesidades de las comunidades residentes en los lugares en que se llevan a cabo dichas actividades.
Funciones fundamentales que constituirán desafíos para la gestión de ese Ministerio serán las de dinamizar y hacer más eficientes los procedimientos para el otorgamiento de concesiones, especialmente en el sector minero. La de desarrollar proyectos de investigación en beneficio de las áreas a su cargo y la de trabajar la adaptación de las leyes y normas existentes de los sectores que rige de manera que estén acorde con las necesidades existentes, en cada caso, respectivamente, así como propiciar nuevas iniciativas legislativas acorde con sus propósitos.
También, la implementación de acuerdos internacionales en las áreas de su competencia. En este aspecto iría incluido tanto las gestiones para retomar acuerdos suscritos pero que no se ha iniciado su ejecución, en cuyo caso resulta importante la evaluación y análisis de esos acuerdos, de manera que se pueda determinar la necesidad de la suscripción de un protocolo de ejecución o un protocolo adicional que le pueda dar más amplitud a los mismos.
Finalmente, entendemos que el establecimiento y puesta en marcha del Ministerio de Energía y Minas, tal como ha sido el objetivo en su creación redundará en una mayor eficiencia en la gestión de la regulación de los sectores a su cargo, para lo cual será muy importante que se sigan los estándares internacionalmente reconocidos adaptándolos a nuestra realidad y que se tome en cuenta que los sectores a su cargo requieren de significativas inversiones que habrá que promover a través de políticas a que permitan que el país sea competitivo internacionalmente, a la vez que se protege el medio ambiente y las comunidades donde están ubicados los proyectos, y en general los mejores intereses de la República Dominicana.
Fuente: Manuel Morales Vicens
Director del Departamento de Energía,
Proyectos y Mercados de Capitales
