Y, lamentablemente, esta corriente cuenta en su favor con el peso de muchas historias de todo el mundo, el continente y las nuestras.
Si decidimos -o ratificamos, para mejor decir- desarrollar nuestra minería e impulsar la exploración de hidrocarburos -opciones que siempre he favorecido, como lo hace la gran mayoría de los actores institucionales públicos y privados debemos producir un gran Acuerdo Nacional sobre sus fundamentos, y cumplirlo cabalmente. En nuestro criterio, el mismo debe cimentarse sobre cuatro aspectos fundamentales:
1.° Acuerdos de Ganar-Ganar.
La República, que no puede perder con sus recursos renovables, mucho menos puede perder con sus recursos no renovables.
Conversando con un importante líder de la industria petrolera del continente, en un evento del Instituto de las Américas realizado en Washington, me confesaba que en su experiencia, cuando los tratos no son equitativos y razonables para las partes, se tornan inestables, y terminan generando problemas, donde pierden las empresas y pierde también el país y sus comunidades.
Por tanto, es esencial fortalecer la capacidad de negociación del Estado en función de los intereses públicos que representa, y evitar que grupos con intereses particulares, que ganan siempre con sus complacencias y buenos oficios, interfieran o contaminen las negociaciones importantes. Algunos de los problemas que inquietan hoy al sector minero, tienen mucho que ver con estos defectos de origen.
Sin embargo, debemos convenir además en que no serán suficientes acuerdos de ganar-ganar, cuando existan altos riesgos de daños ambientales no compensables.
2.° Apertura y transparencia.
Es sorprendente el gran desconocimiento que existe sobre las actividades mineras y la exploración de hidrocarburos: Tiene mucho que ver con su carácter tradicional de enclaves, rodeados de hermetismo y misterio, que generan sospechas y resentimiento.
Las empresas mineras deben abrirse más a la sociedad, y es preciso fomentar el interés social en conocer las dinámicas y complejidades de sus operaciones, enmarcadas dentro de los procesos globales.
Urge que República Dominicana se adhiera a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE).
Este instrumento internacional, puede ayudar mucho a mejorar el ambiente del desarrollo minero dominicano, ya que asegura un control social institucionalizado de las relaciones entre el Estado y las municipalidades con las empresas mineras y petroleras.
Muy especialmente en lo que concierne a pagos de regalías, impuestos y transferencias de recursos de cualquier índole.
3.° Fortalecimiento institucional.
Si fortalecemos en forma sostenida nuestra institucionalidad como Estado, en especial con lo concerniente a este sector, seguro que muchos de los problemas relacionados con el desarrollo minero no existirían, o se tratarían con menos crispación, con un sentido de alianza estratégica entre socios, que comprenden sus necesidades reciprocas.
Puede afirmarse y probarse que, históricamente, las actividades mineras y de exploración petrolera han tenido escasa regulación y fiscalización, así como una pobre gestión estratégica del Estado.
Los órganos públicos responsables han carecido de presupuestos adecuados, y su limitado personal técnico y científico calificado no está bien retribuido y motivado.
También ha faltado voluntad para suplir estas deficiencias contratando firmas especializadas.
Más y mejor institucionalidad son clave para proveer seguridad jurídica a la inversión extranjera y nacional, pero también al Estado y a las comunidades locales, y esencial para lograr el cumplimiento de altos niveles de responsabilidad social y medioambiental.
Para este fin no solo se precisa de órganos públicos con mayor autoridad, como el Ministerio de Energía y Minas propuesto por el Presidente Medina, que superen la debilidad y dispersión institucional que han caracterizado a estos sectores, sino el desarrollo de estructuras tecno-burocráticas bien calificadas, motivadas y conscientes de su misión. En consecuencia, resulta imprescindible una estrecha alianza con centros de estudios superiores nacionales y extranjeros, para la difusión y formación continua en Ciencias de la Tierra, así como en regulación minera y petrolera.
4.° Objetivos de alta rentabilidad social y nacional.
Quizás lo que más puede legitimar la minería, incluso colocarla en el más alto aprecio de la sociedad, es la capacidad que demuestren tener los poderes públicos de transferir recursos hacia metas de alta rentabilidad social y nacional. No basta que se asignen más medios a las municipalidades circundantes a los proyectos mineros para transformar sus condiciones de vida, ni tampoco que contribuyan a la estabilidad macroeconómica, con su innegable aporte a las cuentas nacionales.
La cuestión es esta: ¿Cómo logramos que los ingresos generados por la explotación de recursos no renovables puedan financiar proyectos nacionales que interesen a la preservación de los recursos renovables, y sobre todo, a potenciar las capacidades del mayor recurso de cualquier nación: su gente, o como le gusta decir a los tecnócratas, su capital humano y social? La preservación de las cuencas de nuestros ríos, la reforma de la agropecuaria, o un gran impulso a la educación en ciencia y tecnología -áreas en la que acusamos importantes rezagos constituyen algunos de esos proyectos. ¿Acaso olvidamos que la Presa de Higüey y Aguacate se construyó con los ingresos del ferroníquel? La República enfrenta grandes y complejos desafíos.
Sus posibilidades de vencer en esas arduas pruebas, en gran medida dependerán del fortalecimiento del proyecto nacional dominicano, a través de una agenda de seguridad energética, que incluya la exploración de hidrocarburos en tierra y mar, así como de una gestión eficaz, responsable y transparente de sus recursos naturales renovables y no renovables, de la minería metálica y no metálica. Siempre, teniendo bien presente que lo que merece hacerse, merece que se haga bien.
Fuente: Periódico Listin Diario
