Respecto de la estructura del sector eléctrico en el país, el suministro del servicio tradicionalmente descansó en el Estado, sin embargo, desde finales de los 90, cuando se materializó un proceso de reestructuración de las empresas públicas, las funciones de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica pasaron a estar a cargo de empresas privadas. Esta reestructuración nace precisamente para combatir la enraizada crisis del sector.
Sin embargo, a pesar del flujo ascendente de inversión extranjera directa al sector, no ha sido suficiente frente al escenario supra-indicado. Según los Informes de Resultados sobre la Economía Dominicana elaborados por el Banco Central cada cierre de año, en el año 2013 el sector atrajo un significativo importe de US$ 449.6 millones, mientras que en el año 2012 el sector generó US$ 304.5 millones, frente a los US$ 258.8 millones que produjo durante el año 2011, suponiendo así, un incremento de US$ 107.6 millones en solo dos años, una grata noticia, debido a que la economía dominicana se ve lacerada por la deficiencia de esta industria y resulta en consecuencia necesario atraer inversión como un mecanismo para impulsarla.
No obstante, persiste el alto costo al que las empresas adquieren la energía antes de distribuirla. Durante el año 2013, el 55% de la energía comprada por las Empresas Distribuidoras de Electricidad y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) se adquirió al precio más caro del mercado, oscilando entre 22.3 y 25.4 centavos de dólar por kilovatio, según datos ofrecidos por el Director de Distribución y Reducción de Pérdidas de la CDEEE. Esta situación se debe a que la producción de energía en nuestro país depende fundamentalmente de generadores eléctricos de gasoil, gas y otros combustibles fósiles (energía convencional), lo cual resulta muy costoso para cualquier país del mundo. Muchos expertos coinciden en que el costo energético en la República Dominicana es uno de los más elevados de los países del Caribe y América. Utilizando palabras textuales citadas en la “Propuesta de Solución Integral” presentada por la firma Grant Thornton International, “cualquier solución que no sitúe la tarifa eléctrica por debajo de los 9 centavos de dólar no es sostenible a largo plazo”.
En adición, la demanda de energía eléctrica se incrementa a una gran velocidad, debido a que el país está creciendo significativamente desde el punto de vista demográfico. Según la Comisión Nacional de Energía (CNE) al año 2030, la demanda energética se duplicará, y que de 13 Gigavatios por hora (GW/h) pasará a 24 GW/h. En ese sentido, es vital que el Estado tome las medidas necesarias para garantizar este servicio a largo plazo y así mejorar las oportunidades de desarrollo de la población.
Política del Actual Gobierno para con el Sector Eléctrico
Nuestras autoridades a lo largo de los años han manifestado interés en la problemática, aunque con pobres resultados. El actual mandatario Danilo Medina declaró al inicio de su gestión que “al finalizar su mandato en el año 2016 dejará resuelto el problema de la energía eléctrica en el país”, y señaló que no es factible continuar subsidiando el servicio y seguir invirtiendo anualmente los más de US$1,400 millones que se emplean para asumir la carga del mismo.
La Red de Distribución Eléctrica en la República Dominicana cubre al día de hoy 88% de la población. Los planes del actual gobierno, en este sentido, persiguen lograr una cobertura del 95% hasta finales del año 2015, es decir, un año antes de culminada la presente gestión. Para lograr este fin se han ejecutado diversas políticas públicas para enfrentar esta “crisis centenaria”, siendo al día de hoy la más importante la construcción de dos plantas a carbón. Cada planta aportará 380 megavatios al sistema eléctrico, además de unos 7,500 empleos directos y 20,000 indirectos. La construcción de esta central de generación, la cual implicará una inversión estimada de US$1,945 millones, integrará un puerto marino a granel para la recepción del carbón que alimentará a las plantas y una sub-estación eléctrica de 345 KV.
A todo esto, si bien es cierto que esta iniciativa resulta un gran logro para el sector eléctrico, en el ámbito ambiental estas medidas conllevan un retroceso, debido a que la combustión de carbón produce tantas o más emisiones de gases con efecto invernadero que la combustión de otros combustibles fósiles. Todo esto a su vez provoca el llamado calentamiento global, que se manifiesta en el incremento de la temperatura media global de la atmósfera y los océanos.
Otra de las medidas tomadas por la actual gestión es la creación del Ministerio de Energía y Minas mediante la Ley No. 100-13 en fecha 30 de Julio del 2013, cuyo objetivo principal es formular y administrar la política energética y de minería metálica y no metálica del país, sin embargo, han transcurrido ya siete meses desde su promulgación y aún no se ha emitido el Reglamento de Aplicación de la Ley, como tampoco se ha nombrado al nuevo Ministro, a pesar de que la operación de este ministerio se encuentra previsto en el Presupuesto General de la Nación 2014 aprobado.
Sumado a esto, el Presidente Danilo Medina en el marco de su alocución de Rendición de Cuentas a la Nación de Febrero 2014, indicó que antes de concluir el año en curso convocará un Pacto Nacional sobre el tema eléctrico con la mediación del Consejo Económico y Social (CES). Con las medidas citadas precedentemente y otras que puedan sumarse, la actual gestión pretende que el país alcance un ahorro de US$900 millones al año.
Está por verse las medidas que se adoptarán dentro del marco del propuesto Pacto Nacional, pero es indiscutible que la revitalización de la economía dominicana depende en gran medida de una reforma medular del sector eléctrico, resultando esto un verdadero reto que supone cambiar drásticamente sistemas asentados hace decenas de años de cara a la sostenibilidad de esta trascendental industria.
Patricia Guzmán Parra
Departamento de Medio Ambiente,
Minería y Turismo
DMK Abogados-Central Law
