República Dominicana se encuentra actualmente en proceso de discusión de una nueva Ley de Alquileres, cuyo objetivo principal es regularizar el mercado de arrendamientos de bienes inmuebles y optimizar la protección de los derechos tanto de los inquilinos como de los propietarios. Esta legislación propone un marco legal para los contratos de alquiler, establece procedimientos para los desalojos y busca equilibrar los derechos y obligaciones de ambas partes.
Aunque el proyecto normativo incorpora avances importantes en una figura jurídica tan debatida como el arrendamiento, también ha suscitado cuestionamientos y oposición por parte de diversos sectores. Las críticas se centran, principalmente, en la posible carga burocrática que impondría a los involucrados, así como en las sanciones contempladas —consideradas por muchos como excesivas y perjudiciales especialmente para los propietarios—, lo cual podría desalentar la inversión, en particular en los sectores inmobiliario y turístico.
A partir del análisis del contenido del proyecto y atendiendo al propósito del presente escrito, resulta pertinente examinar el impacto que esta propuesta legislativa podría tener sobre el mercado turístico. En ese sentido, destacamos los siguientes puntos:
- La implementación de la nueva ley podría fortalecer el turismo formal. En efecto, establecer un tratamiento fiscal, de seguridad y salubridad equitativo entre hoteles y alquileres turísticos permitiría nivelar el terreno competitivo entre ambos modelos de hospedaje.
- No obstante, uno de los efectos adversos potenciales sería el riesgo de desincentivar la inversión y reducir la oferta turística. Esto podría ocurrir si se mantienen disposiciones que contemplen sanciones desproporcionadas, depósitos onerosos o procesos burocráticos excesivos, lo que podría llevar a muchos propietarios a retirar sus inmuebles del mercado de alquiler turístico.
- En cuanto a la planificación urbana y la disponibilidad de vivienda, la regulación del uso turístico podría contribuir a mitigar fenómenos como la gentrificación y mejorar el acceso a viviendas para la población local.
Sin lugar a dudas, este proyecto de ley representa una oportunidad para ordenar y modernizar el mercado de alquiler de inmuebles, lo cual es de especial relevancia dada su importancia estratégica para el desarrollo económico de la República Dominicana. Sin embargo, su éxito dependerá de varios factores críticos, entre ellos: (i)la exclusión clara y expresa de los alquileres de renta corta del ámbito de aplicación de la ley general; (ii) la igualdad de condiciones fiscales, sanitarias y de seguridad para todos los tipos de alojamiento, independientemente de su naturaleza; y (iii) la implementación de mecanismos ágiles y eficientes para la resolución de conflictos, especialmente en casos de falta de pago, sin cargar injustamente a los propietarios.
En conclusión, si bien se reconoce la buena intención detrás de esta iniciativa legislativa, los resultados positivos para el mercado turístico dependerán en gran medida de la capacidad de las autoridades competentes para establecer un marco regulatorio diferenciado, estable y adaptado a la realidad dominicana, que proteja tanto a los usuarios como a los inversionistas y promueva el crecimiento sostenible del sector.
- Autora: Lic. Lisa O’Reilley, Asociada Senior – DMK Abogados
