SANTO DOMINGO. El ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, se declara abanderado de la minería, de la que se hace de manera responsable –aclara- y habla de ello con entusiasmo. De hecho, cambia el término minería por el de industria extractiva para definir el momento que vive la República Dominicana con las optimistas expectativas de que existe un sistema de hidrocarburos (gas y petróleo) para cuya exploración y (posible) explotación ya se inició el proceso de licitación.
Los detalles que ofrece sobre estudios realizados y a realizar, de nuevas legislaciones, licitaciones y su aspiración de transformar los ingresos nacionales, revelan la apuesta del Gobierno por sacarle provecho a esos recursos no renovables que guarda el suelo dominicano y levantar un sector que viene en caída en los últimos años.
El país tiene concesionadas 160,041.93 hectáreas mineras para fines de exploración y otras 162,458 en explotación. Alrededor de 57 mil se otorgaron a partir de mayo de 2015.
La entrega se hizo a través de 40 contratos de exploraciones para minería metálica y 47 para no metálica, además de otros 49 contratos de explotación no metálica y dos metálicas a nombre de Corporación Minera Dominicana S.A, (Comirdom) y Falconbridge Dominicana S.A. (Falcondo). Se suman los contratos especiales que tiene Pueblo Viejo Dominicana Corporation y la Envirogold (Las Lagunas) Limited.
Solo este año se otorgaron las concesiones de explotación de oro, plata, cobre, zinc y plomo La Rabona, en Jarabocoa, con una superficie de 1,391 hectáreas, y la Recodo en Baní, con extensión de 995 hectáreas. Ambas pertenecen a la GoldQuest Dominicana, empresa a la que desde 2012 a la fecha se le han concesionado 16,240 hectáreas mediante 15 proyectos de exploración en varias provincias de país.
La mayor porción de área concedida se encuentra en San Juan, donde los comunitarios y varias personalidades del país han expresado temor por la amenaza que la actividad minera representa para la conservación del bosque y el agua de esa zona, al sur del país.
En el mismo renglón de no metálica se entregó en febrero de este año el proyecto Neita, Fase II, ubicado en las provincias fronterizas Dajabón y Elías Piña con superficie de 21,031m2 de la empresa Unigold Resources, inc.
“Tenemos que estar claro que la pobreza es el peor enemigo del medio ambiente. Tú no puedes defender el medio ambiente ni el ecosistema si tú no combates la pobreza, por eso yo levanto la bandera de la minería responsable, la minería sostenible en los términos que te he dicho: ambiental, social y económicamente”, Antonio Isa Conde.
Pero donde el ministro Isa Conde ha puesto mayor impulso, según sus palabras, es en la exploración de los hidrocarburos.
“Es el proyecto que estamos impulsando con más valor, con más vigor y que va a tener resultados más rápido, pues estamos en el último inning, es decir, ya estamos en el proceso de licitación, pues estamos contratando la empresa que nos va acompañar” adelanta.
Luego explica sus motivaciones: “Tenemos que darle importancia a esto que estamos haciendo, pues esto puede cambiar el perfil del Producto Interno Bruto (PIB). Lo que eso puede significar a nivel de incrementar las riquezas del país es enorme, los ingresos del país, sobre todo del Estado, pues aquí rompimos con la ley del embudo”.
Sus comentarios se dan en un momento en que el aporte de la minería al fisco lleva una tendencia a la baja. El informe de la Economía dominicana que prepara el Banco Central muestra que la actividad Explotación de Minas y Canteras presentó una disminución de 3.4% durante el año 2017, que atribuye a la caída en la producción de oro (-8.7%), cobre (-2.2%) y arena, grava y gravilla (-0.9%), “los cuales representan alrededor del 90% de la producción minera”.
Para el semestre enero-junio 2018, el banco señala una disminución de los impuestos mineros en RD$8,684.4 millones respecto a la recaudación que acumularon en el mismo período de 2017. Explica la caída en la disminución del impuesto sobre las utilidades netas mineras (PUN) en RD$6,407.8 millones. “Se constata, además, una caída de 13.3% de la cantidad exportada de oro, así como una baja de los precios internacionales del oro”, dice el informe.
¡Hay petróleo!
Los dominicanos han acuñado por años la frase: “Hay petróleo en Charlo Largo”, referente a la comunidad de la provincia Azua que por años ha sido analizada debido a las emanaciones del carburante. Pero los estudios realizados en esa zona, que datan desde principios de 1900, no han tenido hallazgos significativos.
El ministro Isa Conde -optimista- explica que tampoco las perforaciones anteriores han sido de la profundidad necesaria y sigue las recomendaciones de la firma internacional Schlumberger que planteó realizar estudios más profundos y la adquisición de nuevas sísmicas.
Charco Largo es una de seis cuencas de interés que ha identificado el Ministerio para las exploraciones de gas y petróleo. Pertenece a la cuenca de Azua que abarca un área de 13,470 kilómetros cuadrados , donde los estudios han evidenciado estructuras que funcionan como almacenes de hidrocarburos.
Las otras cuencas son Enriquillo, con área de 179,160 kilómetros cuadrados; San Juan, con 13,852 kilómetros cuadrados; San Pedro de Macorís, con 7,917.201; Ocoa, 436,931; y Cibao Oriental con dos áreas que suman 177,123 kilómetros cuadrados.
Dos de las cuencas, las de San Pedro y Bahía de Ocoa son marítimas y junto a la de Azua e Enriquillo serán las primeras cuatro en concesionarse durante el actual proceso.
Algunas de las cuecas forman parte de áreas protegidas, como la Bahía de Ocoa, declarada Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño Deño, mediante el decreto 571-09, con el propósito de “conservar la única porción de la Cordillera Central que toca el Mar Caribe, donde se concentra una biodiversidad altamente especializada, con gradientes altitudinales que se conjugan con las vistas grandilocuentes de la Bahía de Ocoa y Playa Caracoles, hermosos escenarios y enclaves históricos y ecoturísticos de la Provincia de Azua de Compostela”.
En tal sentido el ecologista Eleuterio Martínez pide ser cuidadoso con lo que se pretenda hacer en ese lugar y que se hagan los estudios ambientales necesarios, pues si bien la exploración no generaría mayores problemas, una posible explotación pondría en riesgo lo que se pretende conservar en el lugar.
Pero Isa Conde entiende que se puede hacer una explotación minera responsable si se supervisa y se aprueba de forma adecuada, con garantías de instituciones fuertes, capaces de fiscalizar. “El pasado nos nubla y tenemos que saber dar el salto al futuro”, sugiere el funcionario que ve en la pobreza a un peor enemigo del medioambiente que en la minería.
Hacia la ronda petrolera
Energía y Minas creó la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos con las informaciones geológicas y geofísicas levantadas en el país desde 1904 hasta 2013, que completan unos 21 mil kilómetros de línea sísmica analizada e interpreta.
Conseguir esa información que reposaba en los archivos de las empresas que la levantaron y no en el Gobierno, se hizo a un costo de RD$9.0 millones anuales (27 millones) durante tres años. Dice Isa Conde que, de haber tenido que producirla actualmente, le costaría a cualquier gobierno unos US$145 millones (más de 7,000 millones de pesos).
El funcionario resalta que los datos se han presentado a empresas internacionales que están muy entusiasmadas en participar de la exploración.
La adjudicación será mediante licitación, pero no convencional, sino tipo subasta, que será precedida por una ronda petrolera que podría realizarse este mismo año.
Ya el Ministerio está finalizando el proceso de licitación para elegir a una firma consultora que le acompañará en la selección de la empresa adjudicataria. También tiene diseñado el modelo de contrato a implementar, del que Isa Conde destaca que es un esquema de ganar-ganar donde el Estado se mantiene como dueño de las minas y podría tener beneficios desde 40% hasta 55% según oscile el precio de mercado.
El modelo de contrato establece un periodo de seis años para exploración inicial, que será prorrogable por dos periodos de dos años, pero se contemplan períodos de retención de hasta 10 años en caso de que haya descubrimiento de yacimientos durante el período de exploración. En la fase de producción el plazo es de 20 años, prorrogable a dos períodos de cinco.
Como parte de los aprestos, el presidente Danilo Medina emitió en marzo de 2016 el decreto 83-16 que aprueba el reglamento de aplicación de la Ley 4532 sobre Explotación y Producción de Hidrocarburos (que data de 1956). Dicha Ley otorga poder al Ministerio de Energía y Minas para suscribir contratos, en representación del Estado dominicano.
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The Minister of Energy and Mines, Antonio Isa Conde, self declared standard-bearer of mining, which he says he does responsibly and speaks of the industry with enthusiasm. In fact, he uses the term extractive industry and not mining to define the moment the Dominican Republic is going though with optimistic expectations that there are hydrocarbon seams (gas and oil) for which the bidding process to explore and (potentially) exploit has already begun.
He offers details on studies already carried out, new legislations, tenders and his hopes to transform national income, show the government’s commitment to availing of the non-renewable resources stored under Dominican soil and boost a sector that has been declining in recent years.
The country has 160,041.93 hectares of mining concessions for exploration purposes and another 162,458 in operation. Around 57 thousand were granted as of May 2015.
They were entrusted through 40 exploration contracts for metal mining and 47 for non-metal mining, in addition to 49 other non-metal exploitation contracts and two metal contracts in the name of Corporación Minera Dominicana S.A, (Comirdom) and Falconbridge Dominicana S.A. (Falcondo), in addition to the special Pueblo Viejo Dominicana Corporation and Envirogold (Las Lagunas) Limited contracts.
This year alone concessions to mine gold, silver, copper, zinc and lead in La Rabona in Jarabocoa stretching over 1,391 hectares, and La Recodo in Baní, stretching over 995 hectares were granted. Both belong to GoldQuest Dominicana, a company that has been granted 16,240 hectares through 15 exploration projects in several provinces of the country since 2012 to date.
The largest portion of the concession area is in San Juan, where the community and several of the country´s public figures have expressed fear for the threat that mining poses to forest and water conservation in that area in the south of the country.
Also non-metal, Phase II of the Neita project was approved in February this year, located in the border provinces of Dajabón and Elías Piña with an area of 21,031m2 belonging to Unigold Resources, Inc.
«We have to be clear that poverty is the environment´s worst enemy. You cannot defend the environment or the ecosystem if you do not fight poverty, that is why I raise the flag of responsible mining, sustainable mining in the terms I have told you: environmentally, socially and economically,» Antonio Isa Conde.
In his own words, Minister Isa Conde has boosted exploring hydrocarbons.
«We are promoting this project more bravely, more vigorously and it will bring faster results, because we are in the last inning, I mean, we are already in the bidding process, because we are hiring the company that will come on board with us.»
He then explains his reasons: «We have to prioritize what we are doing, because this could change the profile of the Gross Domestic Product (GDP). This could have enormous repercussions in terms of increasing the country´s wealth, the country´s income, especially the State´s, because we are breaking away from the funnel law here.»
His comments come at a time of a downward trend in contributions from mining to the Treasury. The Central Bank´s report on the Dominican Economy shows that Mining and Quarrying showed a decrease of 3.4% during 2017, which is attributed to the fall in the production of gold (-8.7%), copper (- 2.2%) and sand, loose stone and gravel (-0.9%), «which account for around 90% of mining production.»
For the January-June 2018 semester, the bank indicates a reduction of RD $ 8,684.4 million in mining revenue with respect to the same period in 2017. It explains the fall is due to the RD $ 6,407.8 million drop in revenue from mining net profits (PUN). «There is also a 13.3% drop in the amount of gold exported, as well as a drop in international gold prices,» says the report.
OIL!
Summary of Studies in basins in DR
For years, Dominicans have coined the phrase: «There´s oil in Charlo Largo», referring to the community in Azua province that for years has been under scrutiny due to fuel discharges. However, the studies conducted in the area dating back to the early 1900´s have not produced significant findings.
Optimistically, Minister Isa Conde explains that previous drillings were not deep enough and follows the recommendations of the international firm Schlumberger that suggest carrying out more in-depth studies and the acquisition of new seismics.
Charco Largo is one of six basins of interest that the Ministry has identified for oil and gas exploration. It belongs to the Azua basin that covers an area of 13,470 square kilometers, where studies have shown structures that function as hydrocarbon stores.
The other basins are Enriquillo, with an area of 179,160 square kilometers; San Juan, with 13,852 square kilometers; San Pedro de Macorís, with 7,917,201; Ocoa, 436,931; and Cibao Oriental with two areas totaling 177,123 square kilometers.
Two of the basins, San Pedro and Bahía de Ocoa, are maritime basins and along with the Azua and Enriquillo basins will be the first four to be licensed during the current process.
Some of the basins are part of protected areas such as the Bay of Ocoa, declared the Francisco Alberto Caamaño Deño National Park under decree 571-09 aimed at «conserving the only portion of the Central Mountain Range that touches the Caribbean Sea, where a highly specialized biodiversity is concentrated, with altitudinal gradients that combine with the spectacular views of the Bay of Ocoa and Caracoles Beach, beautiful scenery and historical and ecotourism enclaves of the Province of Azua de Compostela.»
In this regard, ecologist Eleuterio Martinez calls for the utmost care with intended plans for the site and insists that the necessary environmental studies be carried out, because although the exploration would not generate major problems, any potential exploitation would jeopardize what is supposed to be preserved in the place.
But Isa Conde understands that responsible mining is possible if supervised and approved appropriately, with guarantees from strong institutions capable of monitoring. «We are clouded by the past and we have to know how to make the leap to the future,» suggests the official who sees a worse enemy of the environment in poverty than in mining.
Towards the oil beltway
Energy & Mines created the National Hydrocarbon Data Base with the geological and geophysical information gathered in the country from 1904 to 2013, which completes some 21 thousand kilometers of analyzed and interpreted seismic line.
It cost RD $ 9.0 million per year (27 million) for three years to obtain the information stored in the files of the companies that did the research and not in the Government files. Isa Conde says that to produce that information now would cost any government about US $ 145 million (more than 7,000 million pesos).
The official stresses that the data has been presented to international companies that are very keen to participate in the exploration.
The concession will be awarded through an unconventional auction type bid, to be preceded by an oil beltway that could be carried out this year.
The Ministry is already finalizing the bidding process to choose a consulting firm that will assist in selecting the winning bidder. It also has a contract model to be implemented, which Isa Conde points out is a win-win scheme, where the State remains the owner of the mines and could reap profits from 40% to 55% depending on market prices.
The contract model establishes a six year period for initial exploration, which may be extended for two periods of two years, but retention periods of up to 10 years are contemplated in case deposits are discovered during the exploration period. In the production phase the term is 20 years, extendable to two periods of five.
As part of the preparations, President Danilo Medina issued Decree 83-16 in March 2016 approving the regulations for the application of Law 4532 on Exploitation and Production of Hydrocarbons (dating from 1956). This Law grants power to the Ministry of Energy and Mines to sign contracts, on behalf of the Dominican State.
Source: Diario Libre[:]
