El principio de la participación pública, premisa característica de las democracias pluralistas, resulta uno de los principales factores que repercuten en las decisiones estatales respecto del Medio Ambiente. El derecho de acceso a la información y participación se encuentra consagrado como uno de los derechos fundamentales del hombre según la Declaración Universal de losDerechos Humanos. Igualmente, la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 instituye que: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponde”.
De esto se desprende una responsabilidad solidaria: (i) el análisis objetivo de dicha opinión pública por parte de nuestros gobernantes a fines de garantizar el real interés nacional (colectivo, no particular), y (ii) un activismo sensato y sólido por parte de los ciudadanos que no confunda el interés real del Estado, ni contribuya a la toma de decisiones desfavorables o a la mala utilización de recursos, tiempo y energía en temas no prioritarios en materia de protección del Medio Ambiente. Lo que nos ocurre es que la atención pública respecto de las problemáticas de este sector suele focalizarse en temas que, en términos de vulnerabilidad de los recursos ambientales, no suelen ser los más prioritarios.
La actividad minera en manos de Falcondo en Loma Miranda es un buen ejemplo de este escenario. La opinión pública en este caso ejerció una labor tenaz y activa en la toma de decisión del Estado (una suerte de cacería de bruja), que devino en la creación del Proyecto de Ley que declara Loma Miranda como Parque Nacional. Sin embargo, en nuestro país se ejecutan prácticas que pudieran representar un impacto ambiental superior y que suelen pasan desapercibidas, como es el caso de la pobre presencia de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) públicas (solo existen 91 según Plan Hidrológico Nacional del 2012), lo cual resulta insuficiente para una población de casi 10 millones de habitantes según último censo del 2010, además de las toneladas de desechos sólidos que se generan diariamente y que no son gestionados apropiadamente, lo que se resume en contaminación del suelo, subsuelo y aire. Mientras se consume tiempo valioso argumentando sobre la contaminación del Rio Jagüey en Loma Miranda, silenciosamente nuestro suelo es cementerio de desechos que contaminan el subsuelo y a su vez todas nuestras aguas subterráneas.
En definitiva, si no se posee la conciencia, los conocimientos o las herramientas necesarias en materia ambiental para la toma de decisiones, nos será difícil lograr un real desarrollo sostenible. La protección del medio ambiente es esencial y es por ello que las constituciones de casi todos los países lo reconocen como de interés público, porque además de la premisa de que ser eco-amigable es rentable, son indiscutibles las tesis de que el actual modelo de desarrollo será insostenible en las próximas décadas. Estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas señalan que en el año 2030 el incremento de personas que llevarán un ritmo de vida acomodado o de clase media será de 3.000 millones más que actualmente y considerando que las predicciones generales señalan que los humanos necesitaremos un 50% de incremento en la producción de comida, un 45% de incremento de energía y un 30% de incremento de consumo de agua potable, no podemos darnos el lujo de tomar malas decisiones en el presente.
Entonces, ¿cuál es la base para la toma de decisiones estatales en materia ambiental?, somos de opinión que el interés público de protección de nuestros recursos naturales debe empezar por los factores educación – conciencia, de donde se desprende todo lo demás. Educación y conciencia ambiental de los representados, pero esencialmente de nuestros dirigentes, para que así puedan direccionar eficientemente las decisiones que tomen en torno a la conservación, protección, restauración y uso sostenible de los recursos naturales. Un proverbio romano dice: «por la ignorancia nos equivocamos, y por las equivocaciones aprendemos», lamentablemente en materia de Medio Ambiente los errores tienen consecuencias irremediables.
Una reflexión final de Thomas Jefferson: “ningún gobierno puede sostenerse sin el principio del temor así como del deber. Los hombres buenos obedecerán a este último, pero los malos solamente al primero”. Los hombres buenos acatarán el deber cívico que tienen en sus manos de aplicar el interés público con acciones razonadas y oportunas que permitan garantizar los valores naturales a las generaciones venideras.
Patricia Guzmán
DMK Abogados│Central Law
