Después del desarrollo de Pedernales, el segundo proyecto más importante en modalidad de alianza pública-privada es la Autopista del Ámbar, con la que se prevé conectar a Puerto Plata y Santiago en menos de 30 minutos.
Sobre esto y más conversó en el Diálogo Libre de es periódico Sigmund Freund Mena, titular de la Dirección General de Alianzas Público Privadas.
—Si contamos Pedernales y la Autopista del Ámbar, ¿cuántos proyectos hay en ejecución y cuántos en planificación?
Tenemos un proyecto en licitación, que es el sistema electrónico de garantías mobiliarias, el cual pondrá en marcha el registro de las garantías mobiliarias en el país (…) Para el caso de las propiedades mobiliarias, como vehículos y demás, no existe un registro de sistema en el país, y eso ha provocado que la bancarización de esos instrumentos sea reducida. Se licitará a final de junio el puerto de cruceros en Samaná, para convertir el país en hub y que las navieras conviertan al país en un homeport, que es el elemento que buscamos para que salgan de Santo Domingo como lo hacen de Miami y Puerto Rico (…)
También, hay un proyecto que ahora salió como de interés público, que es el sistema de inspección técnica vehicular, que es una APP (Alianza Público-Privada) de servicio. Está en estructuración porque se declaró así, pero no se ha definido si se va a licitar.
Está el proyecto de transmisión eléctrica, para completar la red eléctrica nacional, que está muy avanzado. Proyectos de ciudad sanitaria para implementar el primer sistema de APP en materia hospitalaria y queremos ver cómo se hace aquí. Tenemos otros proyectos más pequeños, pero actualmente tenemos cerca de 14 proyectos de infraestructuras y servicios de APP.
—Hay gente a la que le preocupa escuchar “privado aliado con el gobierno”. Al gobierno se le puede pedir información por una ley que nos ampara, pero con el sector privado hay quienes piensan que será difícil acceder a la transparencia. ¿Cómo garantizan que habrá transparencia en todos esos proyectos?
(…) Se define todo, desde quién sube la varilla hasta quién la paga. Si el tráfico cae en una autopista, el responsable es el sector privado. El Estado no debe cargar con eso. Una vez hecho eso, podemos garantizar dónde haya un equilibrio real entre socios. Así despejamos dudas de que nosotros y el sector privado jugamos el papel correcto, nosotros como reguladores y defensores de los recursos públicos. No debemos tener temor, porque el sector privado en el país ha demostrado que sabe jugar con las reglas de juego si están bien puestas. Lo necesitamos, porque si no se hacen inversiones del sector privado, no se pueden ejecutar (…)
La ley establece que todas las infraestructuras vuelven a la mano del sector público cuando termine el contrato. No hay que tener temor con eso.
—¿Qué recibe a cambio cuando vuelve el proyecto a manos del sector público?
Lo primero es que, por ejemplo, en el caso del puerto, esos 30 o 40 años generando retornos es lo que recibe. Es un negocio financiero de cómo maximizar las operaciones para retornar el financiamiento y pagar el mantenimiento de operaciones. Todas esas infraestructuras deben ser entregadas bajo las mismas condiciones en que se entregaron al principio.
Fuente:
Diario Libre
