Respecto de la depuración de las aguas residuales, el análisis indica que en el caso del Gran Santo Domingo, para citar un ejemplo, de 29 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) a cargo de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), sólo nueve se encuentran en servicio, provocando esto que el 96.2% de las aguas negras sean descargadas sin tratamiento alguno al suelo y a los distintos cursos de agua.
El Informe Global de Competitividad 2014-2015 elaborado por el Foro Económico Mundial, coloca a la República Dominicana en la posición número 101 del ranking de 144 países valorados (según el informe otros 100 países son al día de hoy más competitivos que Dominicana). La tabla de resultados generales para el país (pág. 170 del informe), indica que dentro de los 16 factores más problemáticos para R.D. se encuentran (i) la pobre salud pública; (ii) inadecuadas infraestructuras; (iii) la insuficiente capacidad de innovar; y (iv) la inestabilidad del Gobierno. Todo lo anterior nos obliga a reflexionar sobre las evidentes debilidades de gestión que no sólo impiden que nuestro país sea más competitivo frente a otros, más aun, van en completo detrimento de cuestiones tan fundamentales como lo es la salud.
La deficiente administración del agua también se evidencia en un súper-subsidio de este recurso, lo que en cierto modo ha provocado que sea utilizado con descuido y negligencia (según declaraciones del Director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), Alberto Holguín, cerca del 60% del agua que reciben los ciudadanos se desperdicia).
En lo que respecta al esquema actual correspondiente a la producción vs. consumo de agua en el país, este se resume de la siguiente manera: un crecimiento exponencial en la demanda del valioso recurso y un decrecimiento constante en la eficiencia de los sistemas de abastecimiento- una ecuación para nada compatible-. Este decrecimiento de eficiencia en los sistemas de suministro se debe, en síntesis a la contaminación de las fuentes hídricas y del suelo, al uso indiscriminado del recurso, a la deforestación, y a otros factores que provocan cambios en el sistema ecológico y climático del país.
En definitiva, cada día hay más consumo de agua y menos producción de dicho recurso, cuestión esta que progresivamente se hace más evidente. Sólo basta mencionar que actualmente atravesamos por una terrible sequía, que ha obligado a las instituciones correspondientes como la CAASD, para citar un ejemplo, a ejecutar Planes de Emergencia por brutales reducciones en el caudal de los ríos que alimentan los acueductos.
Respecto del marco legal del agua en el país, el artículo 15 de la Constitución de la República Dominicana establece que (i) el agua constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida; (ii) el consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso; y (ii) el Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación. Por otro lado, en lo que respecta al derecho fundamental a la salud, el artículo 61 establece que el Estado debe velar para que todos los ciudadanos tengan acceso al agua potable. En resumidas cuentas, nuestra Carta Magna confiere a la Administración Estatal el deber de garantizar tan valioso recurso natural a todos los ciudadanos.
Así mismo, contamos con la Ley No. 5852 sobre Dominio de las Aguas Terrestres y Distribución de Aguas Públicas promulgada hace poco más de medio siglo, siendo esta una pieza que por demás es ambigua e insuficiente para regular el más significativo de los recursos naturales. Reconociendo lo anterior, en el año 1999 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un importante préstamo de US$71 millones para consolidar la reforma y modernización del sector, para el cual se exigía una reforma del marco regulatorio, pero al no lograrse esto último, dicho préstamo no se hizo efectivo. Según el referido préstamo, el nuevo marco legal contemplaría la descentralización del INAPA y la participación del sector privado en la administración del agua.
A efectos de lograr que esta adecuación del marco regulatorio se lleve a cabo, muchas han sido las iniciativas presentadas por un sinnúmero de congresistas en los últimos 15 años, dentro de las cuales podemos citar el Anteproyecto de Ley General de Aguas; Anteproyecto de Ley que regula la explotación, uso, y aprovechamiento del recurso agua en la República Dominicana; Anteproyecto de Ley de Agua Potable y Saneamiento y el Anteproyecto de Ley que descentraliza la Administración del Agua Potable y Alcantarillado. Estas piezas han sido conocidas en el Congreso en varias ocasiones, de manera simultánea, inclusive, como sucede en estos precisos momentos.
Pero, ¿por qué no se ha aprobado ninguna iniciativa aún? En resumidas cuentas por la lucha que existe entre los organismos estatales que podrían tener la tutela del agua – parecería ser que todos quieren un pedazo del pastel- y por la «demonización» que se ha dado a la «privatización» del agua, ya que algunos de estos anteproyectos (siguiendo el mandato del BID), contemplan diversas figuras que permitirían al sector privado cooperar en la gestión del agua.
En medio de todo esto, es indiscutible que nuestros legisladores han ignorado varias cuestiones de incalculable valor. En el ámbito jurídico, muchos olvidan lo que el Constituyente estableció en los artículos 147 y 219 de nuestra Carta Magna, sobre la posibilidad del Estado de asociarse con el sector privado y solidario con el fin de garantizar el acceso a servicios básicos, y es que con la negativa de permitir que el sector privado intervenga en la gestión de nuestros recursos naturales – como sucede con el sector minero, por ejemplo-, se entorpece el desarrollo sostenible del país. Sumado, nuestros legisladores han obviado lo más importante, y es que mientras debaten una pieza legislativa por años y años, el escenario esbozado más arriba sobre el uso, suministro y disposición del agua se agrava.
Es momento de aprender de lecciones ajenas, como es el caso de la India, donde aproximadamente 2/3 de la población carece de servicios sanitarios adecuados, o de Nigeria, donde se reportan el 12% de todas las muertes de niños menores de cinco años a nivel mundial vinculadas a las condiciones del agua. Del mismo modo, es momento de copiar de experiencias positivas de países vecinos como Argentina y Colombia, cuyos gobiernos han reconocido que necesitan de la inversión privada para poder garantizar a sus habitantes el acceso a tan preciado liquido.
En definitiva, es un axioma que resulta vital un cambio en la gestión del agua en la República Dominicana, ya que evidentemente el esquema actual no funciona. Otro axioma es que nos encontramos con una lucha contra el tiempo que debe batallarse con sabiduría, conciencia y coherencia, colocando siempre por encima el interés colectivo.
«El agua es la mirada de la tierra, su aparato para contemplar el tiempo». Paul Claudel.
*Especialista en Derecho Ambiental, Directora del Departamento de Medio Ambiente de la firma DMK Abogados│Central Law.
